Subida de impuestos en tiempos de pandemia

CRISTINA JEREZ, MARKETING Y DESARROLLO DE NEGOCIO
01/11/2020

Un único tema ha sido objeto de debate y preocupación para España a lo largo de la pasada semana: los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2021. A poco menos de dos meses de acabar el año, se discuten en el Congreso unos presupuestos que, de aprobarse, vendrían a sustituir a los últimos aprobados en 2018, dos años y medio después. Todo ello, en medio de un contexto excepcional, la crisis de la Covid-19, en la que España, a diferencia del resto de países europeos, incluye en su propuesta de PGE una polémica subida de impuestos.
Hay dos ideas claves en estos presupuestos: el aumento récord en el gasto público, por un lado, y la ya mencionada presión fiscal, por otro. La subida del gasto social se justifica en gran medida por la necesidad de combatir las consecuencias económicas de la Covid-19. Cabe señalar, sin embargo, que también habrá una importante subida en el gasto corriente de algunos ministerios. Entre ellos, destaca el ministerio de Trabajo y Economía Social que pasa de contar con 494 millones a 6.267, más de 12 veces más. Esto se justifica y sustenta con los fondos europeos, lo que, por otro lado, genera una gran incertidumbre a las partidas que más directamente deberán enfrentarse a los estragos de la Covid-19, las referentes al mercado laboral. Respecto al aumento de la presión fiscal, cabe señalar que, no era, ni mucho menos, la única opción para afrontar el aumento del gasto público. De hecho, las diferencias en este aspecto entre los dos partidos del Gobierno de coalición han retrasado varios meses su aprobación, lo que provocará que 2021 comience con una nueva prórroga de los presupuestos más longevos de nuestra democracia. La presión de Podemos, finalmente, daba sus frutos, incluyéndose la subida de impuestos, frente a otras posibles medidas, como ajustes de otros gastos corrientes.
Pero ¿cuáles son estas medidas a las que nos referimos? Para empezar y de las más relevantes, el impuesto sobre sociedades, que gravará un 5% las plusvalías y dividendos generados por filiales en extranjero de empresas con volúmenes superiores a 40 millones. Además, se aumentará el IRPF a las rentas altas (+2% para las rentas superiores a 300.000€ y +3% a las de más de 200.000€) y se instaurará de manera indefinida el impuesto sobre el patrimonio, aumentando el último tramo (+10 millones) que pasa del 2,5% al 3,5%. Estas subidas, afectarán, asimismo, a los planes de pensiones individuales, donde se reducirán las deducciones, de 8.000€ a 2.000€. En el ámbito medioambiental y de la salud, habrá diferentes aumentos de impuestos en: Diésel (+3,8 cent./litro en el tipo estatal, salvo para profesionales con vehículos de grandes dimensiones); bebidas azucaradas (el IVA pasará del 10% al 21%, exceptuando restauración); gestión de residuos menos sostenibles (afectará a la recaudación de ciertas comunidades que ya cargaban sobre esto) y a productos con envases de plástico. Por otro lado, aumentará el gravamen sobre las primas de seguros de un 6% a un 8%. También habrá un nuevo gravamen para las Socimi, del +15% sobre beneficios no distribuidos como dividendos. Por último, cabe señalar la tasa Google (impuesto sobre determinados servicios digitales) y la tasa Tobin (impuesto sobre transacciones financieras), aprobadas el pasado 7 de octubre en el Senado, y que también entrarán en vigor en 2021.
Este afán recaudatorio que prevé conseguir 6.085 millones más en 2021 y 2.185 en 2022, resulta difícil de comprender en un contexto de elevada incertidumbre, mientras no se optimiza la dimensión del aparato público, simplemente se aumenta. Estas medidas suponen gravar tanto a grandes empresas como aquellas de sectores específicos (bebidas azucaradas o planes de pensiones, por ejemplo), afectando a su liquidez en un momento delicado, restándoles competitividad y reduciendo su capacidad de generación de empleo. Por otro lado, tampoco podemos olvidarnos del efecto “huida” que puede generar entre los grandes patrimonios el aumento de la presión fiscal, con destinos muy atractivos tales como Luxemburgo o Suiza.
Si algo llama poderosamente la atención ante estos Presupuestos es, lo radicalmente opuestos que son respecto a las medidas adoptadas por otros colegas europeos. Mientras Francia, Italia, Alemania, Grecia u Holanda realizan ajustes y reducen la presión fiscal, España la aumenta con unos PGE que el Gobierno central califica de “progresistas”. En estos momentos, solo cabe esperar a los próximos acontecimientos en las dos cámaras, y si, finalmente consiguiera los apoyos necesarios (ya sea con sus socios de investidura, y/o con el partido naranja), analizar el resultado final, con las enmiendas y cambios que, con suerte, se realicen a este respecto.