¿Es nuestro sistema público de pensiones sostenible?

PUNEET VASWANI, ASESORAMIENTO Y GESTIÓN PATRIMONIAL
Mayo 2020

El sistema público de pensiones en España se basa en un modelo obsoleto y difícilmente sostenible. Este modelo aparece recogido en la Constitución Española en su art. 41 en el que se reconoce la protección bajo un sistema de Seguridad Social “que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente, en caso de desempleo”. Este derecho se nutre de las aportaciones de todos los trabajadores que, a través de su cotización a la Seguridad Social, contribuyen al Fondo de Reserva de la Seguridad Social (comúnmente conocido como “la hucha de las pensiones”).

La hucha de las pensiones fue creada en el año 2000 con el fin de respaldar este sistema público. Este Fondo, a lo largo de los años, fue ingresando más dinero del que gastaba en el pago de las prestaciones públicas, por lo que llegó a generar un montante de 66.815 millones de euros en el año 2011. Desde entonces, la cantidad que se había generado hasta ese momento disminuía año tras año, ya que el pago de las prestaciones públicas superaba lo aportado por la población activa. En el año 2019, se redujo a la cifra de 1.368 millones de euros. Es por ello por lo que, con el paso del tiempo, se ha dicho que “la hucha de las pensiones se ha roto”.

¿Por qué cuestionar la sostenibilidad de un sistema que a priori es justo y reparte dinero a nuestros mayores de manera proporcional y universal? Varios factores son los que hacen que este modelo sea rebatible. Por un lado, está el factor demográfico: la brecha que hay entre la población activa y las personas jubiladas es cada vez mayor. Y, aunque la tasa de paro ha disminuido respecto a los niveles vistos en la crisis económica del 2008, gran parte del empleo que se ha creado desde entonces no es de calidad y los salarios no se han revalorizado. En el período entre 2008 y 2018, según el Ministerio de Trabajo, la pensión media se incrementó un 32%, mientras que el salario medio solamente un 2,7%. Además, la esperanza de vida ha evolucionado paulatinamente a una media de 83 años actualmente. Al aumentar la esperanza de vida, se han tomado medidas como aumentar la edad de jubilación. La próxima década será decisiva y desafiante para el actual sistema ya que se comenzarán a jubilar gran parte de los baby boomers (aquellas personas nacidas entre 1957 y 1975) a partir de 2023.

Por otro lado, y en parte, consecuencia del punto anterior, nos encontramos con el importante factor de sostenibilidad: hemos de tener en cuenta que el déficit de la Seguridad Social es cada vez mayor (por encima de los 16.000 millones en 2019) y que la tasa de sustitución en España refleja, año tras año, peores cifras. La ratio de cotizantes por pensionista se situaba en torno a 4x a finales de los años 70, y actualmente se encuentra en 2x.

Sin embargo, existen diversas alternativas para garantizar este sistema, complementarlo, e incluso, no depender del mismo si se duda de su sostenibilidad a largo plazo. Para ello, también es conveniente poner en perspectiva el funcionamiento del sistema mixto o sistema privado de pensiones.

Un claro ejemplo de un sistema mixto de pensiones podría ser el modelo del Reino Unido. Los anglosajones tienen un sistema que se basa en dos o tres pilares: una parte de pensión pública y otra privada; que bien se complementa con planes de empleo que promueve la empresa, o un plan de pensiones totalmente privado. Bajo este precepto, el sistema está totalmente equilibrado: a pesar de que el Estado no pague pensiones que puedan sufragar la totalidad de los gastos de sus mayores, éstos han acudido durante su vida laboral a una de las alternativas que se ofrecen y cubren así la totalidad de sus necesidades. Cabe destacar que aquellos promovidos por la empresa pueden ser de beneficio definido o de contribución definida. El mejor ejemplo de contribución definida es el modelo estadounidense 401(k): un plan en el que se retiene automáticamente un porcentaje de la nómina de los trabajadores, que además será deducible fiscalmente.

Por último, es importante profundizar también en los planes de pensiones privados y los motivos por los que es más que probable que caminemos en esa dirección en los próximos años. Entre las principales ventajas encontramos:

Son compatibles con el sistema público, es decir, cotizar a través de la Seguridad Social nos sigue garantizando el derecho a recibir una pensión pública, pero a la vez podemos completar nuestros ingresos en el futuro con un plan de pensiones privado;

Nos aportan flexibilidad a cualquier nivel. Según nuestro perfil, el plan de pensiones seleccionado por nuestra empresa o por nuestros asesores financieros, será el adecuado y acorde a los riesgos que queremos asumir;

Cada año, la cantidad destinada al fondo de pensiones podrá ser desgravada de la Declaración de Renta;

El sector privado (las empresas) promueve planes de empleo buscando calidad en la gestión del plan de pensiones de sus empleados, dado que les fideliza y motiva, formando parte de su retribución.

Ahora es cuestión de que la sociedad abra los ojos y vea estos planes como una oportunidad. Y más ahora cuando vemos que el Fondo de Reserva de la Seguridad Social es tan deficitario. La crisis sanitaria, que ha derivado en una económica a causa del Covid-19, ha reabierto el debate sobre el recorte de las pensiones. Esto significa congelarlas y endurecer los requisitos para tener acceso a la misma. Además, la pérdida de empleos será inevitable y el reto para la población activa es cada vez mayor.

La generaciones jóvenes y venideras deben explorar alternativas para garantizar su futuro; esto es, tomar acción sobre ello siguiendo otros modelos exitosos como el holandés, danés o el de los países nórdicos. Modelos mixtos que son sostenibles y que llevan años siendo eficientes, estando además en las primeras posiciones del Melbourne Mercer Global Pension Index. Este índice valora: la relación entre salarios y pensiones, la sostenibilidad del sistema y los riesgos económicos que afronta. España se situó en el puesto número 23 en el año 2018. Nos vemos principalmente mermados por el índice de sostenibilidad, que se sitúa en un 27,8 y está muy por debajo de nuestros homólogos europeos.

Sin duda, un cambio de mentalidad y una correcta gestión del ahorro de la ciudadanía española podría llevarnos no sólo a escalar posiciones, sino a caminar hacia un sistema de calidad y sostenible en el tiempo.