El frente franco-alemán
FRANCISCO J. REYES SÁNCHEZ, FINANZAS CORPORATIVAS
31/05/2020
El pasado miércoles la Comisión Europea desveló el esperado borrador del plan de recuperación económica para hacer frente a los daños ocasionados por la Covid-19, se trata de un plan financiado a través de bonos europeos y canalizado a través de los Estados miembros. Anunciado por la presidenta de esta Comisión, Ursula Von Der Leyen, pretende estrenar una inédita política fiscal y presupuestaria como respuesta histórica a una crisis de dimensiones extraordinarias.
No cabe duda de que se trata de una propuesta ambiciosa, pero también se plantea como un mecanismo innovador porque, por primera vez, la Comisión emitiría bonos europeos. Lo que significa, entre otras cosas, que este instrumento no se apoyaría en la calidad crediticia de un país en concreto, sino en la de toda la Unión. Es evidente que una emisión de tales características fortalece la solidaridad entre los países miembros, además de que permite demostrar el poder financiero del viejo continente y asentar una base internacional más sólida con la que organizar la Eurozona como una entidad más autónoma.
Recordemos que, por ahora, no es más que un borrador pendiente de negociación entre las economías más castigadas por la pandemia y los “frugales”. Estos últimos, Holanda, Austria, Suecia y Dinamarca, se decantan por respuestas más ortodoxas en forma de préstamos reembolsables. Por otro lado, países como el nuestro, con sociedades y economías especialmente castigadas por la pandemia, reclaman subvenciones a fondo perdido. En la propuesta franco-alemana, el llamado fondo de recuperación vendría a contar con 750.000 millones de euros, de los cuales 500.000 millones serían a fondo perdido y 250.000 millones a préstamos. Del montante total, España podría optar a 140.000 millones, el equivalente al 11% de nuestro PIB, lo que nos situaría como una de las economías más beneficiadas (y más necesitadas) por la ayuda.
Pero las medidas seguirán haciéndose de rogar, puesto que hasta mediados de junio no sabremos si finalmente salen adelante, lo que no cabe duda es que nos esperan semanas de duras negociaciones en las que nuestro país se juega como encarar una segunda crisis económica en menos de 15 años. Está claro que el plan presentado por Bruselas no será “gratis”, evidentemente impondrá la realización de reformas económicas, por lo que el Gobierno deberá afrontar esta negociación de forma firme y proactiva. Además de asumir cuanto antes su propia tarea de reconstrucción tiene la oportunidad, más bien la obligación, de poner en marcha una política económica propia de un país riguroso y responsable, que aborde reformas eficaces y gestione con verdadera eficiencia el gasto público, que no descuide los objetivos medioambientales que nos hemos marcado como sociedad y que vele por el desarrollo de generaciones castigadas por dos varapalos económicos.
En el ámbito local, Canarias no solo es la comunidad autónoma española con mayor porcentaje de población en riesgo de pobreza y exclusión social, sino que también está entre las más desfavorecidas de la Unión Europea. El paro preCovid era cercano al 20% y con un PIB profundamente dependiente de la actividad turística, a nadie se le escapa que será una de las zonas más castigadas por el parón que estamos viviendo. Es bien sabido que las crisis se ceban reiteradamente con los más vulnerables. Ahora disponemos de una ocasión para mitigar en parte este daño, siendo inadmisible fracasar en ello.