Default de Venezuela
FRANCISCO GONZALEZ PADRON ASESORAMIENTO Y GESTIÓN PATRIMONIAL
20-11-2018
Default de Venezuela
El pasado lunes, tras una breve y poco resolutiva reunión con los acreedores por parte del gobierno de Nicolás Maduro, la agencia de calificación crediticia Standard & Poor’s declaraba la deuda pública venezolana en divisa extranjera como SD (default o impago selectivo). El evento se producía a raíz del impago de los cupones de dos bonos gubernamentales por importe agregado de 200 millones de USD. Adicionalmente, existen otros 420 millones de USD en concepto de intereses que actualmente se encuentran en los 30 días del periodo de gracia, y que, previsiblemente, tampoco se abonarán.
El impago era inminente. Las reservas en USD han ido reduciéndose considerablemente, aceleradas por la caída en los precios internacionales del petróleo y por las recientes sanciones impuestas por la administración Trump. La sequía de billetes verdes no únicamente obedece a un menor precio en los mercados internacionales, sino también al descenso de la producción nacional de crudo a niveles no vistos desde finales de los años 80, como resultado de la mala administración de la petrolera estatal PDVSA y al estancamiento de las inversiones en infraestructuras.
Las implicaciones que suponen la quiebra del país en la economía internacional son muy limitadas, dado que Venezuela cuenta con un sector exterior altamente restringido y los tenedores de la deuda son, principalmente, fondos estadounidenses que apostaban por una recuperación de la deuda mientras son remunerados con altos tipos de interés, contando con la determinación del gabinete de Maduro de evitar el incumplimiento a toda costa.
Muy distinta es la situación a la que se precipitaría el país latino declarando la quiebra. El escenario más probable es que se produzca un embargo del crudo que Venezuela transporta en sus cargueros, que se encuentran actualmente en aguas internacionales, quedando a la postre, borrada del comercio internacional, no únicamente por la pérdida de credibilidad, sino por la ausencia de medios en el transporte del crudo. Esta situación podría desembocar adicionalmente en el cese de toda actividad comercial con el país, prolongando el desabastecimiento y la crisis económica y social que malvive Venezuela desde 2014. ¿La alternativa? La reinstauración de un nuevo gobierno democrático que permita, por un lado, negociar unas condiciones razonables para lograr una reestructuración ordenada de los 150.000 millones de USD que debe Venezuela al resto del mundo; y, por otro, reconstruir el modelo productivo del país, reduciendo la alta dependencia a las exportaciones de crudo (que suponen el 96% de la entrada de divisas en el país), pero sin renunciar a una extracción y comercialización más eficiente del mismo.
Aun salvando la quiebra, las previsiones para el futuro no son muy alentadoras. El FMI estima para este año 2017 una contracción de más del 10% en el PIB venezolano y una inflación del 652,7% (2.349,3% para 2018), con la pobreza situándose en niveles récord (más del 80% de la población no ingresa lo suficiente para adquirir una cesta básica de alimentos). Cualquier momento en los últimos 3 años hubiese sido bueno para cambiar el rumbo, ordenar la deuda y reposicionar la economía, pero sin duda, es ahora o nunca.
